El abogado Lown presenta testimonio en nombre del Gremio Nacional de Abogados en apoyo al proyecto de ley de "desencarcelamiento"

Las cárceles y prisiones de Massachusetts siguen albergando a cientos de personas que no pueden pagar la fianza o que están próximas a cumplir sus fechas de liberación. Sin embargo, continúan siendo focos de infección con medidas de seguridad lamentablemente inadecuadas.

• El testimonio presentado en nombre del Gremio fue entregado en apoyo al Proyecto de Ley H.4652 de la Cámara de Representantes, patrocinado por la representante estatal de Northampton, Lindsay Sabadosa, y otros legisladores.

• El proyecto de ley solicita la liberación de personas que permanecen detenidas porque no pueden pagar la fianza, son médicamente vulnerables o están encarceladas por infracciones técnicas de libertad condicional o libertad supervisada. También exige condiciones básicas de saneamiento en los centros de detención, como acceso a desinfectante para manos y jabón.

La Sección de Massachusetts del National Lawyers Guild apoya el proyecto H.4652. Incluso antes de que comenzara esta pandemia, los agentes de policía y los jueces de Massachusetts encarcelaban de manera desproporcionada a personas de color, a quienes viven de cheque en cheque y a personas que padecen trastornos por consumo de sustancias. A principios de abril, el Departamento del Sheriff del Condado de Suffolk presentó datos ante la Corte Suprema Judicial que revelaban que cientos de personas estaban encarceladas por delitos menores, incluidos la simple posesión de drogas y el trabajo sexual. Hemos impuesto a nuestros vecinos más vulnerables coerción en lugar de atención y apoyo.

Este proyecto de ley avanza en la dirección correcta y va más allá de la Orden 12926 de la Corte Suprema Judicial al hacer elegibles para la liberación a todas las personas detenidas con una fianza en efectivo inferior a $10,000. Incluso en las mejores circunstancias, la fianza en efectivo significa encarcelamiento preventivo para los pobres y libertad para quienes tienen dinero. Como abogados defensores en Massachusetts, todos hemos tenido clientes detenidos con fianzas tan bajas como $500 que permanecieron encarcelados durante meses. En muchos casos, sus causas fueron posteriormente desestimadas. Ninguna persona permanecería encerrada en una celda insalubre durante tanto tiempo si tuviera los recursos económicos para evitarlo.

La encarcelación, incluso por un período corto, provoca que las personas pierdan su empleo, altera las relaciones familiares, genera la pérdida de vivienda, interrumpe los tratamientos por consumo de sustancias, pone en riesgo a personas médicamente vulnerables y separa a los padres de sus hijos. El daño causado tanto a la persona como a su comunidad es real y medible. En el caso de quienes sufren un trastorno por consumo de sustancias —otra crisis de salud pública—, la tasa de muertes por sobredosis de opioides entre las personas recientemente liberadas de prisión es casi 120 veces mayor que la del resto de la población adulta.

Este proyecto de ley también solicita la liberación de las personas encarceladas por no poder pagar multas o cargos. De esta manera, pone en práctica los principios de Debido Proceso e Igual Protección reconocidos por las cortes supremas estatales y federales, que prohíben castigar a una persona por su pobreza. Véase Bearden v. Georgia, 461 U.S. 660, 671 (1983) (la Constitución federal prohíbe “castigar a una persona por su pobreza”); y Commonwealth v. Henry, 475 Mass. 117, 122 (2016) (“un acusado penal no debe enfrentar castigos adicionales únicamente debido a [su incapacidad para pagar]”).

Como abogados defensores, hemos visto a los tribunales emitir órdenes de arresto y a agentes de policía detener a personas por no pagar multas, incluso antes de que tengan la oportunidad de argumentar que el incumplimiento no fue intencional. La Corte Suprema Judicial ordenó un proceso de revisión acelerado para quienes están detenidos por violaciones de libertad condicional, incluidos los incumplimientos relacionados con pagos. Este proyecto de ley, con razón, exige la liberación inmediata de estas personas. Esperamos que establezca un precedente para poner fin de una vez por todas a la práctica de convertir las multas en tiempo de encarcelamiento y a una justicia basada en la capacidad de pago.